Delegados de base:Una conquista siempre atacada

por Myriam Bregman y Luis Bonomi, CeProDH

En los últimos meses, los delegados antiburocráticos sufren una andanada de ataques en ofensiva conjunta de las patronales y las direcciones de los sindicatos burocratizados, con el apoyo que, por acción u omisión, les brinda el Ministerio de Trabajo y el Gobierno. Es la reacción ante un incipiente movimiento de base combativo conocido como “sindicalismo de base”. Ya han enfrentado despidos discriminatorios de activistas, intentos de desafuero a delegados y patotas de la burocracia. Ahora, el Estado, el gobierno, se suman a esta ofensiva mediante la intervención del sistema penal.

Un extremo es el caso de los trabajadores rurales quienes la mayoría está en negro y por ende ausente su derecho de agremiación. Los obreros del ajo en Mendoza comenzaron a organizarse y la policía los reprimió brutalmente. Meses después Juan Carlos Erazo, que había sido elegido delegado por sus compañeros, murió a causa de esos golpes.

El desalojo de la textil Mafissa en operación conjunta de dos jueces alineados con Patti1 y el jefe policial proveniente de la dictadura Hugo Mauriño, fueron el brazo armado de la patronal pro-videlista de Curi queriendo sortear el fallo condenatorio que pesa sobre él ordenándole reabrir con todo el personal. Quedan 18 obreros procesados por “coacción agravada y daño agravado”, y con nuevas causas se persigue a delegados y activistas.

Los trabajadores del Casino fueron asediados por varios jueces penales, por las direcciones de los Sindicatos, por la Prefectura. Otro juez penal tomó la posta y recientemente imputó al delegado Hernán Lopatka de “homicidio agravado en grado de tentativa”2. Esta calificación nos fue negada para el policía José I. Salmo que verdaderamente intentó asesinar a Carla Lacorte, fusilándola por la espalda3; así como en las causas por crímenes de lesa humanidad, donde los genocidas no son considerados homicidas aunque fueron parte de un plan de exterminio.

Una lucha que es refundacional del movimiento obrero

En la Feria del Libro, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su informe anual sobre los derechos humanos en la Argentina. Le dedican un capítulo a la sindicalización de la clase obrera y citando al economista Eduardo Basualdo, indican “la crisis de sindicalización que atraviesa la Argentina. Mientras que en 1954, el 50% de los trabajadores estaba agremiado, medio siglo después sólo el 37,2% de los trabajadores privados registrados está agremiado, y apenas el 12,4% de las empresas tiene por lo menos un delegado. Si a este dato se le suman las estimaciones de gremialización para los empleados públicos, entonces los niveles de sindicalización caen al 20% o al 25%. Por su parte, las mediciones más actuales se realizan sobre la base de trabajadores registrados, dejando fuera a un universo de trabajadores informales que inevitablemente están al margen de los derechos gremiales4”.

Desde 1919, cuando clase trabajadora consiguió que por primera vez en el país se reconozca a delegados de base como legítima representación de los trabajadores, esa conquista ha tenido que ser sostenida mediante luchas durísimas. Louise M. Doyon señala que: “Teniendo en cuenta la multiplicidad de funciones que cumplen estas comisiones y las que de hecho cumplieron bajo el régimen peronista, su amplia difusión puede ser vista como uno de los logros más importantes del movimiento obrero argentino después de 1945... la implantación de las comisiones internas fue resultado directo de las presiones ejercidas por los obreros y por sus organizaciones y no se vio beneficiada por un respaldo legal proveniente del régimen de asociaciones profesionales… Las debilidades de este respaldo legal permiten concluir que la creación de estos cuerpos fue resultado de la directa imposición de los obreros y de sus líderes sindicales”.

La última dictadura militar desapareció a comisiones internas enteras, y los trabajadores poblaron los centros clandestinos de detención5.

La hiperdesocupación y las tercerizaciones producto de derrotas de los ’90, fueron un importante acicate para la destrucción de esa conquista democrática. La recuperación económica dada partir del 2002, hizo que millones de nuevos trabajadores entraran en el mercado laboral. La mayoría de las empresas adolecían de un órgano de representación democrática (cuerpo de delegados o comisión interna) y los nuevos sectores se incorporaron con una nula experiencia sindical y política.

Por todo ello, esta lucha contra los atropellos a los nuevos delegados es refundacional de un nuevo movimiento organizado de la clase trabajadora. La situación abierta en el 2001 ayudó a que jóvenes trabajadores comenzaran a organizarse aún teniendo como enemigo a su propio sindicato que en más de una ocasión tenía acuerdos con las patronales para que no existieran delegados. Casos como la ex Jabón Federal, Mafissa o el Casino Flotante, son ejemplos de un fenómeno extendido. También, se da la recuperación por parte de activistas antiburocráticos de cuerpos de delegados que venían funcionando bajo la tutela de la burocracia sindical, como en el Subte, Hospital Garrahan, la gráfica Doneley, Pepsico Snaks, y recientemente los nuevos cuerpos de delegados en Terrabusi (abolido por Daer en el año ’86) y en Fate en la planta de San Fernando.

A 32 años del golpe genocida, apenas se han imputado unos 400 represores en las causas. Los delegados gremiales, los trabajadores combativos y los luchadores populares ya cuentan con 5.000 procesados y el nuevo “sindicalismo de base” es centro del renovado ataque por el mismo Poder Judicial. Tal vez así explicamos mejor por qué sólo el 12 % de los establecimientos cuenta con delegados de base. Es necesario realizar importantes acciones de defensa de estos delegados y de sus organizaciones democráticas.